Estamos comprometidos con los derechos de las personas que pueden verse afectadas por un proyecto o actividad financiera. Por ello, contamos con un proceso de debida diligencia mediante la evaluación Riesgos Ambientales y Sociales que incorpora criterios de derechos humanos en la identificación, prevención y mitigación de riesgos ambientales y sociales de los proyectos y las actividades que financiamos a nuestros clientes e inversionistas: para 2021 se aplicó sobre 112 operaciones de las cuales 1 se conceptualizó con Favorabilidad Condicionada por tener posibilidad de vulnerar a los derechos humanos, especialmente con los derechos de la comunidad.

Para mitigar estos riesgos, implementamos condiciones dentro de las cláusulas contractuales que tienen como objetivo salvaguardar y proteger los derechos humanos de las operaciones que financiamos. Ver informe de Análisis de riesgos ambientales y sociales 2021.

También promovemos en nuestros clientes esquemas de colaboración estratégica para mejorar su desempeño ambiental, social y ético, apoyando la incorporación de la debida diligencia en derechos humanos en sus actividades como en sus proyectos, con el fin de implementarlos de una manera más responsable y sostenible.

En los Derechos Humanos provenientes de las inversiones, seguimos desarrollando la política de Inversión Responsable PRI, donde incluimos requisitos de sostenibilidad y derechos humanos en cada inversión realizada por la organización. Ver Política de Inversión Responsable.